Auditoría en municipalidad penquista confirma sobrepago del DAEM a empresa de transporte escolar

Una auditoría de la Dirección de Control de la Municipalidad de Concepción confirmó que el DAEM incurrió en un sobrepago de los servicios de transporte escolar en 2018, el que se estima en unos 70 millones de pesos. Se instruyó un sumario para esclarecer responsabilidades, el que no se ha podido llevar a cabo, pues se designó como fiscal a un funcionario que está con licencia médica.

La investigación se inició en septiembre del año pasado tras una denuncia de la empresa Buses Moreira, que por tres años había prestado este servicio y que observó que el pago que se estaba haciendo a la firma Transportes Perfección era un 165% superior, por similares trayectos y frecuencias.

Las cifras expuestas motivaron una presentación en la contraloría y la solicitud de un concejo extraordinario, donde se acordó que la dirección de control municipal realizaría una auditoría en el DAEM, pues el detalle indicada que de un valor diario promedio de 70 mil pesos por viaje, el costo se elevó a 188 mil pesos.

El resultado de esa auditoría fue remitida en diciembre al alcalde Alvaro Ortiz. El informe establece que de 100% de las órdenes emitidas por el DAEM, el 59% corresponden a Transportes Perfección y el 41 restante a Transportes Carelis. Esta última mantuvo los precios del año 2017 al 2018.

Sin embargo, la empresa Transportes Perfección realizó un aumento de los precios al comparar los mismos servicios entre primer semestre año 2017 y 2018, rango que va desde 126% al 235% por el traslado de los mismos alumnos.

Dice también la auditoría firmada por el director de Control Municipal, Carlos Sanhueza, que existió fragmentación de compras que permitió evadir una Gran Compra Pública. Boris Negrete, uno de los concejales que solicitó la auditoría, dijo que quedaron claras las irregularidades del DAEM.

Pese a los descargos que hizo el DAEM, la Dirección de Control insistió en que el aumento de un 162% promedio anual, excedió con creces los valores que tradicionalmente se cancelan por servicios de transportes de las mismas características, y que este aumento fue permitido porque los funcionarios de la Dirección de Educación no cumplieron con La Ley de Compra Públicas y la jurisprudencia que dicta Contraloría cuando se realizan fragmentaciones.

La situación ameritaba la realización de un sumario en el DAEM penquista y así lo aprobó el concejo municipal el 11 de enero de este año, sin embargo éste sólo se instruyó el 22 de febrero, sin que hasta hoy se haya podido concretar, dice el concejal Negrete.

Desde el municipio se informó que lamentablemente el fiscal designado para instruir el sumario está con licencia médica, de la que debe regresar en los próximos días. De no retornar a sus labores se considerará la designación de otra persona.

Sin embargo, parte del concejo sospecha que la asignación de la tarea a alguien que no estaba en el municipio fue intencional para dilatar la investigación que apuntaría directamente al director del DAEM, Jorge Riffo.

 

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