Esta mañana, el diputado RN por el distrito 20, Leonidas Romero, realizó una presentación en Contraloría Regional para que se revise la legalidad de nueve licitaciones adjudicadas durante el año 2018 y 2019, por la empresa Comercial WMC en la Dirección de Vialidad del Biobío, por un monto total que supera los mil millones de pesos.
Lo anterior, debido a que en informe final generado tras una denuncia del mismo parlamentario y emitido por el Órgano Contralor en diciembre del año pasado, se determinó que dicha empresa, que se adjudicó en octubre del 2016, el servicio de mantención, reparación y habilitación de sistemas para maquinaria Volvo y Champion, pertenecientes a la Dirección de Vialidad del Biobío, presentó diferentes irregularidades, como el cobro de valores no ajustados a mercado en materiales y repuestos, sin demostrar que estos últimos fueran genuinos.
Además, se comprobaron incumplimientos a las bases administrativas, que van desde órdenes de reparación no emitidas y presupuestos fuera de plazo o inexistentes, hasta el incumplimiento de requisitos de postulación estipulados que fueron subsanados en forma posterior a la adjudicación del contrato, entre otros. “Es gravísimo, cerca de mil millones de pesos a una empresa que ha demostrado a todas luces que actúa en forma irregular e ilegal, por eso estoy pidiendo a la Contraloría” indicó Romero.
Consultado por los resultados que espera tras la entrega de esta solicitud, Romero indicó “Para que haya corrupción, se necesitan a lo menos dos. Aquí alguien está otorgando nuevas licitaciones a una empresa que fue cuestionada por la Contraloría, entonces yo espero que se tomen medidas de parte del Ministerio de Obras Públicas, que el hilo no se corte por lo más delgado, que si aquí tiene que caer el director de vialidad o el seremi o el subsecretario, bueno, que respondan”. “Yo esperaba y creía que bajo la presidencia de Sebastian Piñera, esta galopante corrupción se iba a terminar, y desgraciadamente me encuentro que no ha terminado, pero si que ha aumentado” concluyó.
En el documento, el parlamentario solicita en forma expresa, que en el caso de que se determine ilegalidad por la actuación de funcionarios públicos, sea cual sea el cargo que ostenten, se inicien los sumarios administrativos correspondientes y se apliquen sanciones, que den curso a los juicios de cuenta si procede y se pongan en conocimiento de los organismos pertinentes, para las acciones que se deriven, ya sean administrativas y/o penales, pues por la fecha de ejecución de los contratos, éstas se encontrarían plenamente vigentes.
