Este lunes, la Contraloría General de la República (CGR) informó que 910 funcionarios —públicos y municipales— apostaron más de $11 mil millones en casinos. Esto, pese a una prohibición legal vigente.
Se trata de transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos de juego por un monto total de $11.490.456.871. Lo anterior, pese a encontrarse legalmente con prohibición de efectuar apuestas, entre enero 2024 y junio de 2025.
Según datos recabados por el ente contralor, de los 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto transaccionado, es decir, $11.118.431.956. En estos casos, las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones.
Funcionarios y servicios con mayores montos transados
La CGR identificó a diversos servicios públicos y municipalidades cuyos funcionarios concentran los mayores montos apostados y que pertenecen a instituciones como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado, con cifras individuales que superan los mil millones de pesos en algunos casos.
En total, los 20 mayores montos transados alcanzan más de $5.392 millones, correspondientes a funcionarios que desempeñaban cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.
Recordemos que, de acuerdo con la normativa vigente, específicamente el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen prohibido efectuar cualquier tipo de apuesta en casinos.
Fiscalización, investigación y procedimientos sancionatorios
Considerando estos antecedentes, la Contraloría remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los 910 funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.
Igualmente, los enviará a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas.
Asimismo, lo propio se hará con destino al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.