Un nuevo capítulo se suma a la deficiente administración municipal de la alcaldesa de Hualpén, Katherine Torres. La semana pasada el concejal, Juan Cruz, solicitó a la Contraloría que ratifique la existencia del detrimento al patrimonio municipal y ordene juicio de cuentas a causa de los $1.617.135.592 más multas, intereses y reajustes que la Corte Suprema ordenó que el municipio pague por diferentes demandas laborales. “En esta nueva oportunidad, nos reuniremos con vecinos y dirigentes sociales de la comuna que me informarán sobre los problemas con proyectos inconclusos, la pérdida de beneficios sociales y cómo se han visto perjudicados quienes han sido desvinculados de sus trabajos”, adelantó el concejal Cruz.
De acuerdo al concejal, en el ámbito de proyectos inconclusos, comentará que “ésta es una de las grandes molestias de muchos dirigentes de juntas de vecinos de la comuna: la nula respuesta ante las necesidades que por años han manifestado a la Municipalidad”. Entre los que mencionará:
- El Parque Urbano Costanera del sector El Triángulo.
- El mejoramiento de la Avenida Reconquista entre Postdam y Price.
- La construcción del Parque Urbano Patria Vieja.
- Sedes Sociales, aceras y otros proyectos urbanos.
- Cámaras de vigilancia en las principales arterias de la comuna.
- La construcción de la segunda parte de la Casa de la Cultura.
Y continuó: “Por beneficios sociales que se perderán por menos recursos, los descontentos seguirán intensificándose”. Y nombró:
- La Oficina Municipal de Intermediación Laboral que en el último tiempo bajo dos veces de categoría.
- El Programa Calle que en la actualidad solo atiende a 32 personas, pudiendo haber llegado a cerca de 60 personas.
- En el Programa Habitabilidad por no cumplir con los lineamientos de esta política se debió devolver el dinero destinado, por ejemplo a: reparación y/ equipamiento de viviendas de familias vulnerables.
Y, por último, están quienes han sido desvinculados: “Estos vecinos son los principales afectados desde la instalación de la administración actual, ya que fueron rápidamente obligados a dejar sus funciones, pasando a llevar todos sus derechos laborales y de legítima confianza, factores que en su totalidad han sido ratificados por la Corte Suprema”.
“Eso y más un sinnúmero de otros proyectos que no podrán materializarse por la reasignación presupuestaria que la alcaldesa Torres deberá proponer al Concejo, al ser obligada a pagar los más de $1.600 millones en demandas contra la Municipalidad”, concluyó el concejal Juan Cruz.
