El excapitán de Carabineros, César Antonio Muñoz Jara, presentó una demanda laboral en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, acusando ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago la vulneración de derechos fundamentales.
La acción judicial fue presentada el 4 de octubre de 2019 y en las próximas semanas el tribunal podría resolver al respecto, según se pudo constatar.
El otrora jefe de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz fue detenido a inicios de mayo, acusado por los guardias de una sucursal de Easy en Chillán de haber hurtado dos brocas avaluadas en menos de $10 mil.
La situación derivó en un proceso judicial y otro administrativo; este último se tradujo en su desvinculación de la institución policial, luego que se determinara que sí tuvo participación en el hecho delictual, basado en el relato de la funcionaria que tomó el procedimiento.
Por otro lado, la justicia ordinaria -obviando el resultado del sumario- determinó que no había forma de demostrar el ilícito, por lo que finalmente el Juzgado de Garantía de Chillán resolvió absolverlo en noviembre del año pasado.
A la sentencia recurrió de nulidad Cencosud y el Ministerio Público, sin embargo el 24 de enero la Corte de Apelaciones de Chillán, por unanimidad, confirmó el fallo absolutorio del excapitán.
Ante este escenario, la empresa de retail presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, el cual también fue rechazado.
La demanda laboral
Por tratarse de un oficial egresado de la Escuela de Carabineros, su separación de funciones se concretó el 10 de junio vía un decreto exento ordenado por el presidente Piñera y tramitado por el Ministerio del Interior, entonces encabezado por Andrés Chadwick.
Precisamente, por esta última razón, en la demanda laboral también se apunta al exministro Chadwick y al general director Mario Rozas en representación de Carabineros.
De hecho es el propio Rozas quien, basándose en el resultado del sumario administrativo, solicita al Gobierno gestionar la separación del capitán de sus funciones.
En total, el exfuncionario busca recibir una indemnización no menor a los $1.500 millones, aunque deja la posibilidad abierta de que el tribunal decida un monto que se ajuste a Derecho.
Las posibilidades de que el exfuncionario policial obtenga resultados positivos en el juicio son remotas, toda vez que su abogado, Pedro Bujes Retamal, no llegó a la audiencia preparatoria donde se debían presentar las pruebas para acreditar la vulneración de derechos fundamentales.
De acuerdo con lo presupuestado, la audiencia del juicio laboral está fijada para el próximo 6 de marzo, día en que se conocerá el desenlace de esta historia que comenzó por $10 mil.
Fuente : Biobío