La dimisión del secretario de Estado se dio esta tarde en una reunión que tuvo con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, en medio de fuertes presiones por su salida y ad portas de la presentación de una acusación constitucional en su contra.
Ad portas de la presentación de una acusación constitucional anunciada en su contra por la bancada Republicana -y respaldada por Chile Vamos- en el marco de los líos de platas entre entidades estatales y fundaciones, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presentó esta tarde su renuncia al cargo.
La dimisión del secretario de Estado se dio esta tarde en una reunión que tuvo con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda.
El Mandatario llegó pasadas las 18 horas a Palacio para la cita, mientras se prepara un punto de prensa.
La puerta de acceso a la oficina del Jefe de Estado fue cerrada y un escolta la resguarda, mientras que las luces del Salón Montt Varas, donde tradicionalmente se realizan las ceremonias de cambios de gabinete, se encuentran encendidas.
El escenario se había complicado para Jackson por el rol de su partido, Revolución Democrática (RD) en los casos de líos de platas. El ahora exministro está en calidad de querellado y será citado a declarar en el caso en que el Ministerio Público indaga delitos de corrupción. Además, debió enfrentar una lluvia de peticiones de renuncia por parte de la oposición y de dirigentes del propio oficialismo a dos meses de que estallara la crisis.
El robo de computadores y una caja fuerte desde su cartera en medio de la indagatoria de la Fiscalía y las críticas internas por su manejo ante ese hecho ayudaron también a encausar presiones para su salida. Esta semana, adicional a eso, se conoció que el Consejo de Auditoría que depende de la Segpres pidió dejar de reportar detalles relativos a los traspasos a terceros justamente en junio del año pasado, cuando él aún era ministro de esa cartera.
A ese complejo cuadro se sumó la acusación constitucional impulsada -por segunda vez- por la bancada del Partido Republicano, para cobrar su responsabilidad política en los líos de platas -que se destaparon por contratos suscritos por una fundación ligada a Revolución Democrática, el partido que fundó en 2012- y, según acusan, por haber reconocido hechos de corrupción que no fueron debidamente denunciados por la repartición que dirige.
Su trayectoria en el gobierno
Jackson había arribado al Ministerio de Desarrollo Social el 6 de septiembre, cuando el Presidente realizó su primer ajuste ministerial. En esa oportunidad el jefe de Estado optó por un cambio en el corazón del gobierno, con la salida de Izkia Siches de Interior, el traspaso de Jackson desde la Segpres a Desarrollo Social, y la llegada del Socialismo Democrático al comité político: Carolina Tohá (PPD) asumió la jefatura de gabinete y Ana Lya Uriarte (PS) se instaló en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
El paso de Jackson por la Secretaría General de la Presidencia -donde alcanzó a estar seis meses- había sido ripioso. Como líder en ese momento de la cartera encargada de llevar la relación con el Congreso, tuvo una relación compleja con los parlamentarios. Las críticas a su gestión llegaron al poco tiempo. Se le acusó de falta de diálogo y algunos de sus mayores críticos surgieron desde la propia coalición oficialista, incluyendo a los senadores PS Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti. En algunos sectores lo apuntaron como supuesto “ideólogo” de la propuesta que buscaba acabar con el Senado en el texto de nueva Constitución redactado por la Convención Constitucional, que finalmente fue rechazado por la ciudadanía en el plebiscito del 4 de septiembre.
A esto se sumó que, poco antes de dejar la Segpres, y complejizando su situación, aseguró -en una transmisión en vivo en la que participó a través de la plataforma Twitch- que la “escala de valores y principios en torno a la política” de su coalición distaba tanto de la del gobierno anterior (de Sebastián Piñera) como de “la generación” que los antecedió. Llovieron las críticas del Socialismo Democrático, que compone la coalición del Ejecutivo junto a Apruebo Dignidad.