Un oficio en Contraloría fue ingresado por una concejal de San Pedro de La Paz tras el despido de funcionarios de salud municipal, varios de ellos con contrato indefinido y años de trayectoria, solicitando que se fiscalice la legalidad de las desvinculaciones.
La presentación se realizó tras el despido de 15 trabajadores de la Dirección de Administración de Salud Municipal, entre ellos 11 funcionarios con contrato indefinido, lo que abrió cuestionamientos sobre la forma en que se tomaron estas decisiones.
El oficio pide que la Contraloría determine si las desvinculaciones se ajustaron a la norma vigente, incluyendo el cumplimiento de las reglas de la atención primaria, la definición de dotación de personal y el cálculo de las indemnizaciones correspondientes.
En ese contexto, la concejala de San Pedro de la Paz, Camila Ortiz, explicó los principales puntos que se buscan aclarar con esta fiscalización.
Desde el Consejo Municipal también se cuestiona que las decisiones se hayan tomado sin una planificación sanitaria clara y con diferencias en la interpretación del cálculo de los finiquitos, lo que habría generado perjuicios para los funcionarios desvinculados.
Con estos antecedentes, se espera que el ente contralor revise el proceso y emita un pronunciamiento al respecto.