La Bancada de Diputados del Partido Republicano anunció que solicitará la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar las irregularidades detectadas en la contratación de servicios tras el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso. La iniciativa busca esclarecer el uso de recursos públicos en el marco de las labores de emergencia y reconstrucción.
La acción será presentada una vez iniciado el nuevo periodo legislativo y apunta a revisar los antecedentes observados por la Contraloría General de la República en los trabajos ejecutados tras la catástrofe. El foco principal estará en un trato directo por más de $6 mil millones adjudicado por la Delegación Presidencial Regional.
Según indicaron los parlamentarios, la investigación se centrará en los contratos suscritos durante la gestión de la entonces delegada presidencial y actual diputada electa por el Partido Comunista, Sofía González. Los convenios fueron firmados con la empresa San Nicolás en el contexto de las labores de emergencia.
De acuerdo con los antecedentes difundidos recientemente, la firma —constituida en 2021 y dirigida por un joven de 20 años— no contaría con experiencia en el rubro ni con la capacidad operativa necesaria. Los trabajos comprometidos incluían remoción de escombros y demolición de viviendas siniestradas, principalmente en el sector El Olivar.
El diputado por el Distrito 7, Luis Fernando Sánchez, calificó la situación como “francamente escandalosa”, cuestionando la asignación de recursos a la empresa. El parlamentario criticó que se destinaran miles de millones de pesos a una entidad sin experiencia en medio del proceso de reconstrucción.
El legislador agregó que, según lo informado por distintos medios, el domicilio de la empresa correspondería a un centro de estética. Además, sostuvo que la firma no contaba con los recursos materiales necesarios para ejecutar las obras adjudicadas.
Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (Distrito 6) afirmó que los hechos son “de la máxima gravedad” y que deben ser investigados en distintos ámbitos. La parlamentaria planteó que las eventuales responsabilidades deben abordarse tanto en el plano penal como político.
En esa línea, Barchiesi señaló que la comisión buscará establecer eventuales responsabilidades derivadas de los antecedentes detectados por el organismo contralor. El objetivo será determinar las responsabilidades políticas en la asignación y ejecución de los contratos.
Desde la bancada republicana indicaron que esperan contar con el respaldo de la Sala para la creación de la instancia fiscalizadora. Aseguran que las comunidades de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, junto al país, deben conocer el destino de los recursos públicos destinados a la emergencia.
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