Diputadas del FA impulsan propuesta para que cobrarle a deudores del CAE sea más DIFÍCIL
Las diputadas del Frente Amplio, Emilia Schneider, Constanza Schonhaut y Gael Yeomans, llegaron hasta el Ministerio de Educación para entregar una propuesta con el objetivo de alivianar el cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado. La iniciativa busca introducir cambios que permitan hacer más justo el sistema de pagos para miles de personas endeudadas.
El proyecto contempla modificar la Ley 20.027 que regula este crédito, incorporando un nuevo artículo que introduce como criterio la capacidad económica del deudor al momento de realizar los cobros. Con ello, se pretende ajustar las condiciones de pago a la realidad financiera de cada persona.
Entre los puntos clave, la propuesta fija criterios que consideran la capacidad de pago de los deudores, además de establecer la imposibilidad de embargo para quienes perciban menos de 1,5 millones de pesos mensuales. La medida apunta a proteger a los sectores más vulnerables frente a procesos de cobranza.
La diputada Emilia Schneider señaló que “hemos venido a dejarle a la ministra de Educación una propuesta para que el cobro de estas deudas deje de ser abusivo”, agregando que se busca incorporar variables como ingresos y gastos de los deudores para una evaluación más equitativa.
Por su parte, Gael Yeomans criticó que “mientras el gobierno alivia el bolsillo a los superricos, también pone su acento en la persecución de los deudores del CAE”, enfatizando que el objetivo de fondo es terminar con este sistema de financiamiento estudiantil.
En tanto, Constanza Schonhaut advirtió que las condiciones actuales impuestas por la Tesorería General de la República dificultan la repactación de deudas. “Se está dejando fuera a familias que tienen voluntad de pagar, pero que no pueden cumplir con las exigencias actuales”, explicó.
Finalmente, la parlamentaria recalcó que “más del 70% de los deudores ganan menos de $750.000, mientras que solo cerca del 2% supera los 5 millones de pesos”, cuestionando la aplicación de criterios uniformes que afectan principalmente a las familias trabajadoras.
