CORE Pedro Seguel denuncia presunto lucro con viviendas fiscales: “Algunos incluso las arriendan”
El consejero regional Pedro Seguel calificó como grave el eventual aprovechamiento de viviendas fiscales administradas por el Gobierno Regional del Bío Bío, luego de detectarse casos en que beneficiarios habrían obtenido ganancias económicas con inmuebles entregados a bajo costo por el Estado.
La situación quedó al descubierto tras las fiscalizaciones impulsadas por el Gobierno Regional, las que revelaron irregularidades en el uso de casas y departamentos fiscales asignados a funcionarios públicos. Seguel advirtió que existen antecedentes que apuntan a un claro aprovechamiento de este beneficio estatal, llegando incluso a casos donde los inmuebles eran subarrendados a terceros.
“Se trata de una situación grave que, de comprobarse plenamente, atenta directamente contra los principios de probidad administrativa que deben regir el actuar de todo funcionario público”, sostuvo el consejero regional Pedro Seguel.
Asimismo, Seguel explicó que actualmente existe un sumario administrativo en curso por parte del Gobierno Regional del Biobío, en línea con lo observado por la Contraloría General de la República, por lo que corresponde esperar sus resultados para garantizar el debido proceso.
“Sin perjuicio de aquello, este tipo de hechos dañan la confianza ciudadana y deben ser investigados con total rigurosidad y transparencia”, enfatizó la autoridad regional.
La semana pasada, la Contraloría General de la República emitió un instructivo para poner fin a las irregularidades en el uso de propiedades fiscales destinadas a empleados del Estado. En la Región del Bío Bío, el Gobierno Regional ya había actualizado su protocolo durante 2025, luego de un diagnóstico que permitió detectar múltiples anomalías.
Actualmente, el Gobierno Regional administra 130 viviendas fiscales entre casas y departamentos. De ese total, se identificaron irregularidades en 25 inmuebles, logrando la restitución de ocho y comenzando el mismo proceso en otros 17 casos.
Uno de los antecedentes más graves ya fue presentado ante la Fiscalía por el gobernador regional Sergio Giacaman. Según detalló la autoridad, un funcionario unificó dos departamentos: en uno residía y en el otro arrendaba piezas, obteniendo un beneficio económico indebido.
El gobernador Giácaman valoró además las medidas adoptadas por la Contraloría, señalando que varias de ellas ya estaban siendo aplicadas de forma anticipada en la región. El objetivo, indicó, es garantizar que estas viviendas cumplan su propósito original: servir de apoyo habitacional a funcionarios como carabineros, detectives de la PDI o personal de la Armada que llegan destinados al Bío Bío y requieren un lugar donde vivir.
