La Fiscalía de la Región de Aysén logró la prisión preventiva de un sujeto de 32 años acusado de almacenar y distribuir material de explotación sexual infantil en Coyhaique, tras una investigación reservada que se extendió por poco más de un mes. El imputado también mantenía un cultivo ilegal de cannabis sativa y un presunto punto de microtráfico en su domicilio.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras, las diligencias comenzaron formalmente en abril de este año. La investigación permitió rastrear la actividad digital del acusado y detectar el almacenamiento de una gran cantidad de archivos de pornografía infantil en distintos dispositivos electrónicos.
Según detalló la Fiscalía, el imputado no solo mantenía el material para consumo personal, sino que además lo distribuía activamente a terceras personas. Las pericias apuntan a una presunta red local de acopio y difusión de contenido ilícito relacionado con menores de edad.
El operativo fue ejecutado por detectives de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes ingresaron al inmueble para incautar teléfonos y computadores. Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron un cultivo indoor de cannabis sativa y droga lista para ser dosificada.
El hallazgo confirmó además las sospechas de que el domicilio funcionaba como un punto de microtráfico en la capital regional. Por estos hechos, el Ministerio Público imputó al detenido por cuatro delitos concurrentes vinculados a pornografía infantil y drogas.
Entre los cargos formalizados figuran almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil, cultivo ilegal de cannabis y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Debido a la gravedad de los delitos y al peligro que representa para la sociedad, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva.
Tras la audiencia, el fiscal Luis Contreras realizó un llamado a denunciar oportunamente este tipo de hechos. “El Estado de Chile tiene obligaciones a nivel internacional para prevenir y perseguir toda forma de maltrato infantil”, señaló. El persecutor enfatizó que la protección de niños, niñas y adolescentes también depende de la denuncia ciudadana frente a conductas de abuso y explotación sexual.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Coyhaique fijó un plazo de 75 días para el desarrollo de la investigación. Durante ese periodo, la Brigada del Cibercrimen realizará peritajes forenses a los equipos incautados para determinar el alcance de la distribución del material y la posible participación de nuevos involucrados.