Desarticulan HISTÓRICA RED dedicada al ROBO de MADERA: 17 Detenidos y MILLONARIA INCAUTACIÓN

La Fiscalía de Ñuble y la Policía de Investigaciones (PDI) lograron desarticular la mayor organización criminal dedicada al robo y lavado de madera registrada en la región, en el marco de una investigación que se extendió por cerca de un año y medio. El operativo permitió la detención de 17 personas y la incautación de bienes y madera avaluados en más de $3.000 millones, marcando un duro golpe contra las mafias forestales que operaban en la zona centro-sur del país.

La operación fue encabezada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, junto a la Brigada de Investigación Criminal de Chillán y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI. Además de los detenidos, las autoridades decomisaron 40 vehículos, maquinaria forestal, armamento adulterado, municiones y dinero en efectivo, elementos que eran utilizados para sostener las actividades ilícitas de la organización.

Según expuso el fiscal del SAC, Álvaro Serrano Romo, la banda operaba bajo una estructura empresarial destinada a aparentar legalidad y ocultar el origen ilícito de la madera sustraída. El líder de la agrupación fue identificado como Carlos Jara Urra, quien utilizaba la empresa Sociedad Forestal Monte Verde SpA, ubicada en la comuna de Chillán, como fachada para procesar y comercializar la madera robada.

La investigación determinó que el aserradero funcionaba como el principal centro logístico de la organización. En el lugar se procesaba la madera obtenida ilegalmente y se falsificaban guías de despacho para justificar su transporte y venta, evitando así controles policiales y fiscalizaciones en las rutas de la región.

Otro de los hallazgos clave de la causa fue la existencia de una red de informantes infiltrados. Tres de los imputados trabajaban para una empresa contratista vinculada a Forestal Arauco y entregaban información privilegiada sobre los predios con menor vigilancia y las cargas listas para ser sustraídas, facilitando la ejecución de los robos.

El Ministerio Público atribuyó a la organización al menos 14 delitos relacionados con la sustracción de madera en predios forestales de la comuna de El Carmen. La evidencia reunida permitió establecer una operación sistemática y coordinada que afectó directamente a la industria forestal de la región, generando importantes pérdidas económicas.

Debido a la gravedad de los antecedentes, el Juzgado de Garantía de Yungay decretó prisión preventiva para los cuatro principales líderes de la organización: Carlos Jara Urra, José Urra Bórquez, Juan Urra Troncoso y Claudio Montes Constanzo. Los otros 13 imputados quedaron sujetos a medidas cautelares como arraigo nacional, prohibición de contacto entre ellos y restricción para acercarse a los predios afectados.

En paralelo, la Fiscalía inició acciones para perseguir el patrimonio generado por la red criminal. Se ordenó la retención de 28 productos financieros y cuentas bancarias vinculadas a los imputados, con el objetivo de desmantelar los beneficios económicos obtenidos mediante la comercialización de madera robada.



El fiscal jefe del SAC Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, destacó que la estrategia busca atacar directamente las ganancias ilícitas de estas organizaciones. Asimismo, se remitieron antecedentes al Servicio de Impuestos Internos para investigar eventuales delitos tributarios derivados de la venta de madera de origen ilegal.

Las autoridades regionales valoraron el resultado de la investigación. El delegado presidencial de Ñuble calificó el procedimiento como el mayor golpe al robo de madera en la historia de la región, mientras que el seremi de Seguridad Pública destacó que este delito figura entre las principales prioridades del plan regional contra el crimen organizado durante 2026.

Finalmente, el tribunal fijó un plazo de cinco meses para concluir la investigación. Durante ese período, la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes para fortalecer las acusaciones y determinar la totalidad de las responsabilidades penales y económicas asociadas al caso.

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