Un informe de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades en la ejecución del Censo 2024, proceso liderado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y dependiente del Ministerio de Economía. Entre los hallazgos más relevantes figuran la contratación de personas con antecedentes penales y de ciudadanos extranjeros que no contaban con autorización vigente para trabajar en Chile.
Según los antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, al menos 16 personas con antecedentes por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas fueron contratadas para desempeñarse como censistas. La investigación determinó que en seis de estos casos los certificados presentados no reflejaban correctamente el historial de los postulantes, mientras que en otros diez no fue posible acreditar que dichos documentos hubieran sido solicitados antes de su contratación.
La auditoría también estableció que 14 trabajadores extranjeros carecían de residencia temporal o definitiva vigente al momento de ser contratados, situación que incumple la normativa migratoria. Entre ellos, cinco registraban la revocación de sus permisos de residencia, incluyendo un caso con expulsión administrativa del país.
Otro de los puntos que encendió las alertas de la Contraloría corresponde a una licitación por $1.700 millones adjudicada a la empresa Dittborn y Unzueta S.A. Una exasesora del Censo participó en la comisión evaluadora del proceso pese a mantener vínculos con la empresa beneficiada, ya que representaba legalmente a una sociedad que poseía el 60% de la compañía adjudicataria.
Para el organismo fiscalizador, esta situación podría constituir una vulneración a las normas de probidad y configurar un eventual conflicto de interés, motivo por el cual los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para su evaluación.
En materia de pagos, la auditoría detectó que 581 censistas recibieron un total de $166,4 millones sin que existieran registros oficiales que acreditaran las visitas informadas. Asimismo, el INE no aplicó multas por $131,9 millones a empresas contratistas que incumplieron requisitos relacionados con antecedentes penales, documentación migratoria y nivel educacional.
La Contraloría también observó irregularidades en la gestión administrativa del operativo. Se identificaron 77 contratos de arriendo de oficinas y locales censales sin resoluciones fundadas, además de cinco contratos que se extendieron por hasta 11 meses, pese a que el proceso censal tuvo una duración de cinco meses. Estas situaciones derivaron en reparos por $49,4 millones.
A ello se suman pagos por $134,2 millones en servicios de transporte correspondientes al 1 de mayo de 2024, fecha en la que no se realizaron labores censales. La inexistencia de hojas de ruta u otros documentos que acreditaran los recorridos efectuados llevó al organismo a objetar la totalidad de esos recursos.
Frente a este escenario, la Contraloría ordenó al INE iniciar procedimientos disciplinarios en un plazo de 15 días para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Además, instruyó remitir todos los antecedentes al Ministerio Público para que evalúe la apertura de investigaciones penales relacionadas con las irregularidades detectadas.