La desaparición de decenas de niños haitianos que ingresaron a Chile bajo la modalidad de reunificación familiar continúa generando preocupación en las autoridades y derivó en una investigación penal liderada por el Ministerio Público. El caso ha puesto en entredicho los mecanismos de control estatal y abrió interrogantes sobre el destino de menores cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Este miércoles, el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, confirmó que la institución entregó todos los antecedentes recopilados a la Fiscalía. Además, advirtió que la magnitud del problema podría ser mucho mayor a la detectada inicialmente por la Contraloría General de la República.
Según explicó la autoridad, la investigación de Contraloría consideró a 105 menores de edad, pero el universo potencialmente afectado sería considerablemente más amplio. Entre 2022 y 2025 se autorizaron más de 16 mil reunificaciones familiares, la mayoría correspondientes a niños, niñas y adolescentes.
Sauerbaum también reconoció que la flexibilización de requisitos aplicada durante 2024 para facilitar el ingreso de menores desde Haití, debido a la crisis que afecta a ese país, pudo haber generado vulnerabilidades. “Hoy tenemos situaciones que son muy complejas, situaciones en donde hay delitos múltiples”, afirmó.
Respecto del mecanismo utilizado, el director de Migraciones señaló que la investigación ha detectado un patrón reiterado. Los menores eran trasladados desde Haití hacia República Dominicana y posteriormente enviados en vuelos con destino a Chile.
En paralelo, el fiscal director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio. Las diligencias buscan determinar el destino de los menores y establecer si existió una red dedicada al tráfico de migrantes o la trata de personas.
Campos sostuvo que la Fiscalía indagará las fuentes de financiamiento detrás de estos traslados y eventuales responsabilidades penales. “No vamos a escatimar en establecer responsabilidades penales si las hay o descartarlas si corresponde”, aseguró.
Asimismo, el persecutor indicó que la investigación también contempla la posible participación de funcionarios públicos. Entre los delitos que podrían configurarse figuran tráfico de migrantes, trata de personas, soborno y cohecho.
Desde el Congreso, las reacciones no tardaron en surgir. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Karim Bianchi, cuestionó duramente la respuesta de las instituciones estatales. “Acá todos se pasaron la pelota entre cada una de las instituciones”, criticó el parlamentario.
Bianchi aseguró que durante gestiones realizadas el año pasado recibió respuestas contradictorias de distintos organismos. Según denunció, ni Interior, ni Seguridad, ni Migraciones contaban con información clara sobre el ingreso de los menores al país.
El senador también apuntó a la Policía de Investigaciones, señalando que la institución reconoció problemas en sus sistemas de registro. “Entonces acá todo no funcionó y hoy día todos se echan la culpa entre todos”, afirmó.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, valoró la aprobación unánime de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara. La instancia buscará determinar eventuales responsabilidades y revisar los procedimientos aplicados en el ingreso y seguimiento de menores extranjeros.
La parlamentaria manifestó especial preocupación por la falta de información sobre el paradero de los niños. “No tenemos trazabilidad sobre esos niños, niñas y adolescentes”, advirtió, alertando sobre posibles riesgos de trata o venta de menores.
En la misma línea, el diputado socialista César Valenzuela calificó el caso como extremadamente grave y anunció nuevas citaciones a organismos involucrados. La Defensoría de la Niñez, el Servicio Nacional de Migraciones y la PDI deberán entregar antecedentes para esclarecer lo ocurrido.
Finalmente, desde Renovación Nacional solicitaron a la Contraloría instruir un sumario administrativo en la PDI. El diputado Eduardo Durán sostuvo que la desaparición de más de 200 niños haitianos refleja un fracaso institucional y una grave falla del Estado en su deber de protección.