Las autoridades regionales confirmaron que al menos cuatro comunas de la región del Bío Bío serán incluidas en el Plan Nacional de Seguridad, iniciativa anunciada durante la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast y que busca recuperar espacios públicos afectados por hechos de violencia y delincuencia.
Aunque aún no se han dado a conocer los barrios específicos que serán intervenidos, el trabajo estaría focalizado en las comunas de Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz y una comuna de la provincia de Bío Bío, consideradas prioritarias debido a la ocurrencia reiterada de delitos de alta connotación social.
El seremi de Seguridad Pública del Bío Bío, Richard Soto, explicó que la implementación del plan será gradual y comenzará con sectores determinados para luego extenderse a otros barrios, con el objetivo de fortalecer el control territorial, recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La autoridad agregó que uno de los tres ejes centrales del Plan Nacional de Seguridad está relacionado con la recuperación del control territorial, motivo por el cual se definieron 50 barrios prioritarios a nivel nacional que actualmente se encuentran en un proceso de evaluación para determinar el orden de intervención.
Por su parte, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, manifestó su preocupación por la situación de seguridad en la comuna y sostuvo que “no queremos más homicidios en la ciudad”, enfatizando además la necesidad de que las medidas comprometidas por el Gobierno se ejecuten con rapidez en los distintos sectores afectados de la región.
Las cifras de violencia registradas durante este año reflejan la magnitud del problema. Según antecedentes conocidos por Radio Bío Bío, al menos 10 personas han muerto por disparos o apuñalamientos en Concepción, mientras que en la provincia de Bío Bío se contabilizan siete casos. En tanto, Talcahuano y San Pedro de la Paz registran cinco víctimas fatales cada una, situación que ha incrementado la preocupación de autoridades y comunidades locales.
Con la puesta en marcha de estas intervenciones, el Gobierno busca disminuir la actividad delictual en sectores críticos y reforzar la presencia del Estado en territorios afectados por la violencia, en el marco de una estrategia nacional orientada a mejorar la seguridad ciudadana.