Trabajadores del Servicio de Reinserción Social Juvenil, organismo que reemplazó al ex Sename, realizaron una manifestación en Concepción para denunciar la grave crisis de violencia e inseguridad que afecta tanto a los funcionarios como a los adolescentes bajo su cuidado. La movilización surge tras la falta de respuestas a las propuestas presentadas por los gremios a las autoridades, a más de un año de la puesta en marcha del nuevo servicio.
Uno de los principales focos de preocupación es el Centro de Internación de Coronel, donde se han registrado constantes episodios de violencia. Según los trabajadores, educadores y jóvenes han debido ser trasladados a centros asistenciales debido a lesiones, mientras que también se ha detectado el ingreso de drogas, la fabricación de armas hechizas y la imposibilidad de separar a los internos por edad, sexo o nivel de peligrosidad.
El dirigente Raúl Fuentealba aseguró que los funcionarios entregaron hace dos semanas un documento al seremi de Justicia con propuestas para enfrentar la crisis. Entre ellas, plantean modificar la Ley 20.084 para crear una sección juvenil administrada por Gendarmería de Chile y reforzar las medidas de seguridad dentro del recinto, considerando los constantes hechos de violencia.
Actualmente, en el centro permanecen jóvenes mayores de 18 años que continúan internados por delitos cometidos cuando eran menores de edad, debido a que aún no está habilitada la Sección Juvenil en el Complejo Penitenciario Bío Bío, situación que, según los gremios, agrava la convivencia y los problemas de seguridad.
El dirigente Alejandro Saavedra afirmó que la infraestructura del recinto está obsoleta y no cumple con los estándares actuales de seguridad. Explicó que los internos pueden romper paredes y extraer fierros para fabricar armas, además de cuestionar que la normativa vigente no contemple sanciones efectivas para quienes agreden a los funcionarios, lo que, a su juicio, genera un ambiente de impunidad.
Los representantes de los trabajadores también advirtieron que la reinserción social enfrenta importantes obstáculos, ya que, pese a los programas implementados por el servicio, muchas empresas privadas se muestran reticentes a contratar a jóvenes que han cumplido procesos de rehabilitación.
Frente a las críticas, la directora regional subrogante del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Glenda Alarcón, informó que se destinaron 600 millones de pesos para mejorar las instalaciones del Centro de Coronel. Además, anunció una inversión adicional de 300 millones de pesos para renovar las cámaras de seguridad e implementar nuevas medidas destinadas a enfrentar los episodios de violencia al interior del recinto.