Una investigación de CIPER Chile reveló que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) mantiene en funciones como directora de un jardín infantil de la Región Metropolitana a una educadora de párvulos que fue sancionada administrativamente por destruir registros vinculados a un caso de maltrato infantil ocurrido en 2022. La funcionaria recibió una suspensión de tres meses, pero no fue desvinculada del servicio y actualmente lidera otro establecimiento.
Según el reportaje, la educadora se desempeñaba como directora subrogante cuando trabajadoras del jardín detectaron múltiples lesiones en un niño de casi dos años. Aunque los antecedentes fueron registrados internamente, no se realizó la denuncia correspondiente ni se activaron los protocolos de protección establecidos para este tipo de situaciones. Al día siguiente, el menor fue víctima de abuso sexual y posteriormente asesinado por su padrastro.
La investigación sostiene que, tras conocer la muerte del niño, la directora ingresó al recinto fuera del horario de funcionamiento para destruir el registro donde se habían consignado las lesiones observadas. Posteriormente, el sumario administrativo de Junji concluyó que la funcionaria incumplió sus deberes al intentar eliminar información relevante para esclarecer los hechos y estableció que días después ordenó reconstruir el documento, aunque con modificaciones respecto de su contenido original.
Como resultado del proceso disciplinario, la funcionaria fue sancionada con una suspensión de tres meses y una rebaja del 50% de su remuneración durante ese período. Sin embargo, la investigación indica que no fue desvinculada y actualmente ejerce como directora titular de otro jardín infantil en la Región Metropolitana.
Consultada por CIPER, Junji señaló que el sumario administrativo concluyó y que las sanciones fueron ejecutadas conforme a la resolución final. Además, la institución informó que desde 2024 reforzó sus protocolos para abordar posibles vulneraciones de derechos de niños y niñas, fortaleciendo también las capacitaciones sobre el deber de denuncia y protección de la infancia.
La abuela paterna del menor cuestionó la insuficiencia de las sanciones aplicadas y afirmó que quienes omitan denunciar este tipo de hechos no deberían continuar trabajando en cargos con responsabilidad sobre niños. Representada por la Fundación Amparo y Justicia, también impulsó una acción judicial por la destrucción de documentos públicos, causa que terminó mediante una suspensión condicional que obligó a la funcionaria a firmar mensualmente durante un año y ofrecer disculpas públicas.
Finalmente, la investigación expone que los plazos legales vigentes en ese momento impidieron perseguir penalmente la omisión de denuncia. No obstante, especialistas consultados por CIPER sostienen que, con la legislación actual, podrían existir otras figuras penales aplicables para este tipo de casos.