El proyecto de ley «Escucha su corazón» continúa generando controversia y sumando críticas desde distintos sectores políticos. En ese contexto, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, evitó manifestar una postura sobre la iniciativa y señaló que será el Congreso Nacional el encargado de debatir y resolver la propuesta.
La iniciativa busca que las mujeres escuchen los latidos fetales antes de interrumpir un embarazo en cualquiera de las tres causales permitidas por la legislación chilena. El proyecto fue presentado por el diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Nacional Libertario, con el respaldo de otros parlamentarios.
El texto también establece que, si la mujer rechaza escuchar los latidos, el personal médico debería negarse a realizar la interrupción del embarazo, incluso en los casos autorizados por la Ley 21.030, vigente desde 2018.
Respecto de la propuesta, la ministra Judith Marín recordó que se trata de una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud, indicando que serán los legisladores quienes deberán pronunciarse sobre el proyecto. Asimismo, enfatizó que actualmente ya existe una normativa que regula esta materia, sin expresar apoyo ni rechazo a la iniciativa.
El Ministerio de Salud también optó por no referirse al proyecto, argumentando que, por ahora, sus esfuerzos están concentrados en atender la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta a distintas regiones del país.
POSTURAS DIVIDIDAS ENTRE DIPUTADAS DEL BIOBÍO
La propuesta ha generado opiniones contrapuestas entre parlamentarias de la Región del Biobío. La diputada Francesca Muñoz, del Partido Cristiano, manifestó su respaldo al proyecto, señalando que siempre ha defendido la vida del que está por nacer y que, de avanzar la iniciativa, contará con su voto favorable. Además, sostuvo que el texto puede perfeccionarse durante su tramitación legislativa.
En contraste, la diputada Flor Weisse (UDI) expresó reparos a la iniciativa, calificándola como un tema complejo y delicado, debido al difícil momento que enfrentan las mujeres que recurren a una interrupción del embarazo.
Por su parte, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) rechazó el proyecto, argumentando que, aunque es defensora del derecho a la vida, considera que esta propuesta no es adecuada. A su juicio, imponer un requisito adicional en casos de violación, inviabilidad fetal o riesgo de vida de la madre podría transformarse en una carga extra para mujeres que ya atraviesan situaciones profundamente dolorosas, afectando su dignidad y revictimizándolas.