Una presunta red de explotación laboral y sexual al interior de una comunidad asentada en Chiloé, en la región de Los Lagos, está siendo investigada por la justicia, luego de que dos exintegrantes presentaran una ampliación de querella con nuevas acusaciones contra quienes lideraban la organización conocida como Cahuala.
De acuerdo con la acción judicial, la comunidad habría captado durante años a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a distintos tipos de abuso. La querella fue presentada por María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia ante el Juzgado de Garantía de Castro, buscando ampliar la investigación iniciada en 2019 e incorporar los delitos de trata de personas y asociación destinada a cometer ese ilícito.
Según los antecedentes, los denunciantes identifican como principales imputados a Enrique Urrutia Aburto, conocido como «El LÍDER», y a María Alejandra Pinto Martínez. Ambos querellantes relataron que llegaron a la comunidad mientras enfrentaban una crisis personal y de pareja, tras ser derivados desde un proceso terapéutico hacia quien dirigía la agrupación.
Los exintegrantes aseguran que permanecieron cerca de 15 años dentro de la organización, residiendo en sedes ubicadas en Vallenar, Santiago y Chiloé. Durante ese tiempo afirman haber trabajado en diversas empresas y proyectos ligados a la comunidad, incluyendo un colegio, una consultora, sociedades agrícolas y un centro terapéutico, sin recibir una remuneración efectiva.
Asimismo, sostienen que fueron sometidos a aislamiento familiar, manipulación psicológica y un estricto control sobre distintos aspectos de sus vidas, incluyendo el lugar donde vivían, el trabajo que desempeñaban y sus relaciones personales.
La ampliación de la querella también incorpora el testimonio de María Jesús Carrascosa, quien acusó haber sido víctima de acoso y explotación sexual por parte de Enrique Urrutia durante varios años. Según su relato, el líder ejercía un control sobre la vida afectiva y sexual de los integrantes, aprovechándose de la dependencia psicológica que habría generado.
Los denunciantes señalaron que abandonaron la comunidad en 2015 para radicarse en España, aunque aseguran que hasta la actualidad continúan enfrentando secuelas psicológicas, además de pérdidas en su desarrollo profesional y patrimonio.
Por su parte, el abogado de los querellantes, Ignacio Zúñiga, afirmó que la investigación también considera antecedentes relacionados con la muerte de menores de edad al interior de los terrenos de la comunidad, incluyendo un presunto entierro en un cementerio clandestino, hechos que formarían parte de la carpeta investigativa.
Finalmente, el abogado sostuvo que, según el relato de las presuntas víctimas, la organización operaba bajo una estructura jerárquica encabezada por un líder espiritual que controlaba todos los aspectos de la vida de sus integrantes, desde sus relaciones familiares y de pareja hasta la sexualidad, la reproducción y el trabajo, características que, a su juicio, corresponden al funcionamiento de una secta