Los padres de Cristóbal Miranda, el joven que falleció tras una violenta golpiza ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina, en Talcahuano, presentaron una nueva querella contra los organizadores del evento, con el objetivo de que también sean investigados por su eventual responsabilidad en el caso.
La acción judicial, ingresada al Juzgado de Garantía de Concepción, solicita a la Fiscalía formalizar por cuasidelito de homicidio a Marco Bofi y a su hijo, argumentando que no cumplieron con las medidas de seguridad comprometidas para la realización de la actividad.
El abogado de la familia, Remberto Valdés, amplió la querella que hasta ahora estaba dirigida únicamente contra los siete jóvenes imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda. En un escrito de 14 páginas, sostuvo que existen antecedentes en la investigación que permiten extender la responsabilidad penal a los productores de la fiesta.
Según el jurista, los organizadores habrían realizado un evento masivo sin ambulancia, personal de enfermería, guardias, cámaras de seguridad ni sistemas tecnológicos de control, incumpliendo obligaciones básicas de resguardo. A juicio de la parte querellante, estas omisiones configuran un homicidio culposo atribuible a quienes promovieron y difundieron la actividad antes de obtener la autorización correspondiente.
La madre de Cristóbal, Caroline Olivares, afirmó que la falta de medidas de seguridad fue determinante en la muerte de su hijo, señalando que, de haberse aplicado los protocolos necesarios, el joven podría haber sobrevivido. Además, sostuvo que espera que Marco Bofi sea incorporado a la querella y que el caso marque un precedente respecto de la responsabilidad de los organizadores de eventos masivos.
Por otra parte, la defensa de la familia solicitó al nuevo fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido, conformar un equipo de apoyo para la fiscal Oriana Oviedo, argumentando que la complejidad de la investigación requiere una mayor dotación especializada.
En tanto, el abogado defensor de Marco Bofi, Alejandro Elgueta, anunció que emitirá una declaración pública para responder a las imputaciones formuladas contra sus representados.
Finalmente, la investigación permanecerá vigente hasta el próximo 27 de agosto, aunque la parte querellante no descartó solicitar una ampliación del plazo para concretar diligencias que aún se encuentran pendientes.