La implementación del recaudo electrónico en el transporte público del Gran Concepción modificará no solo la forma en que los pasajeros pagan sus viajes, sino también el sistema de ingresos que históricamente ha tenido parte de los conductores de taxibuses.
Dirigentes sindicales reconocen que aún existe incertidumbre respecto de cómo quedarán estructuradas las remuneraciones una vez que el nuevo mecanismo entre en funcionamiento. La principal preocupación apunta a que la formalización del sistema pueda significar una disminución de los ingresos efectivos de los choferes.
La experiencia de otras ciudades también genera inquietud. En Temuco, donde el recaudo electrónico comenzó a implementarse durante 2025, la puesta en marcha estuvo marcada por conflictos laborales y reclamos de conductores ante una eventual reducción de sus remuneraciones, situación que incluso derivó en movilizaciones.
A ELLO SE SUMA EL PROBLEMA DE LA EVASIÓN.
Experiencias registradas en otras ciudades, como Chillán, han mostrado que algunos conductores prefieren no confrontar a pasajeros que no pagan su pasaje por razones de seguridad, permitiendo en determinadas circunstancias que aborden igualmente el vehículo.
INGRESOS POR COMISIÓN
José Coronado, vocero regional de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, explicó que actualmente una parte importante de los ingresos de los choferes proviene de la comisión asociada a los boletos cortados.
Según detalló, en las líneas donde todavía funciona este sistema, un conductor puede recibir cerca del 20% del valor de cada pasaje. Considerando una tarifa adulta de $580, la comisión alcanza aproximadamente los $120 por pasajero, mientras que en el caso de la tarifa estudiantil de $190, el monto bordea los $40 por boleto.
La preocupación de los trabajadores radica en que el nuevo modelo pueda reemplazar una parte significativa de esas comisiones por un sueldo fijo de menor valor. De acuerdo con Coronado, en algunas conversaciones con las empresas se ha planteado un salario cercano a los $650 mil, acompañado de una comisión de apenas entre 3% y 5%.
“Tú vas a perder $650 mil, $700 mil, $800 mil de comisión a cambio de un sueldo fijo”, cuestionó el dirigente.
A su juicio, una fórmula de este tipo podría entregar mayor estabilidad contractual, pero al mismo tiempo reducir considerablemente los ingresos que actualmente permiten a los conductores sostener sus hogares.
Coronado también advirtió que una disminución salarial podría hacer menos atractivo el oficio y profundizar la salida de trabajadores hacia otras actividades. Recordó que durante la pandemia muchos conductores abandonaron el transporte público y se trasladaron a empleos relacionados con camiones, reparto, aplicaciones u otras regiones del país.
“Hay conductores que se han ido a los camiones, a los camiones de reparto, a las aplicaciones, al norte, a Rancagua. Muchos no quisieron volver a la misma historia otra vez”, sostuvo.
Pese a las dudas, el dirigente reconoce que contar con un sueldo estable es uno de los aspectos positivos que esperan los trabajadores, siempre que la nueva modalidad no implique perder una parte importante de los ingresos actuales
EVASIÓN Y SEGURIDAD
La discusión también se extiende al control de los pasajeros que no pagan. Bajo el sistema vigente, cada evasión significa para el conductor la pérdida de la comisión correspondiente a ese boleto, aunque ello no implica que los choferes estén dispuestos a enfrentarse directamente con los infractores.
“Cuando tú te pones en discusión con un pasajero, no sabes con quién te vas a encontrar”, explicó Coronado, enfatizando los riesgos que implica para los conductores confrontar a quienes evaden el pago.
Los trabajadores han solicitado al Ministerio de Transportes que las empresas incorporen cabinas de segregación, es decir, una separación física entre el conductor y los pasajeros como medida de protección frente a eventuales agresiones.
La Ley 21.816 contempla precisamente que las bases de licitación para la concesión del uso de vías destinadas a buses incorporen cabinas de seguridad destinadas a proteger la vida y salud de los conductores.
“El conductor no puede estar peleando con el pasajero por $300. Nosotros no nos vamos a arriesgar a ser agredidos por un pasaje. El velar porque el sistema funcione es rol de las autoridades, no nuestro”, afirmó el dirigente.
CONDUCTORES PIDEN TRANSPARENCIA
Domingo Aravena, presidente del Sindicato de Conductores de la Ruta Las Bahías, coincidió en la necesidad de transparentar los ingresos de los trabajadores y consideró que el recaudo electrónico podría convertirse en una oportunidad para formalizar las remuneraciones.
“No estamos pidiendo que nos regalen nada, sino transparencia en lo que realmente ganamos”, sostuvo Aravena, quien espera que los ingresos queden debidamente reflejados en las nuevas liquidaciones y contratos.
Para el dirigente, el desafío no consiste simplemente en reemplazar las comisiones por un sueldo fijo, sino en conseguir que la nueva estructura permita mantener una remuneración acorde con la labor y las responsabilidades de conducir un taxibús.
Respecto de los ingresos actuales de los choferes de su línea, Aravena indicó que se está solicitando mantener aproximadamente el mismo nivel, pero con una estructura formal que permita acreditar las remuneraciones. Esto, explicó, facilitaría incluso trámites como la solicitud de créditos.
LA INCÓGNITA SOBRE LA FISCALIZACIÓN
Mientras el Ministerio de Transportes prepara la implementación del recaudo electrónico en el Área Metropolitana del Gran Concepción, persiste otra interrogante: quién tendrá la responsabilidad de fiscalizar que los pasajeros efectivamente paguen su pasaje.
La Ley 21.816, cuya tramitación ya fue tomada en razón por la Contraloría, endureció las sanciones contra quienes evaden el pago. La normativa establece que, constatado el incumplimiento, determinados funcionarios y personal autorizado pueden requerir al pasajero el pago de una tarifa recargada.
En caso de negativa, corresponde disponer su descenso del vehículo y remitir los antecedentes para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio. La legislación también permite que personal de los propios prestadores de transporte y otros trabajadores autorizados puedan verificar el correcto uso de los mecanismos de acceso, de acuerdo con las condiciones establecidas por el MTT.
Sin embargo, todavía falta definir cómo se aplicará concretamente este mecanismo en el Gran Concepción. No está claro cuántos inspectores estarán disponibles, qué papel tendrán los municipios y Carabineros ni si los conductores deberán verificar que cada pasajero haya pagado.
La experiencia de Chillán también genera cuestionamientos. Según información de la Seremi de Transportes de Ñuble, la evasión registrada entre los pasajeros fiscalizados durante 2026 alcanza apenas un 0,06%, cifra que ha sido cuestionada por representantes gremiales.
De esta manera, la llegada del pago electrónico supone un desafío que va mucho más allá de instalar nuevas máquinas en los taxibuses. La modernización deberá resolver simultáneamente el control de la evasión, la seguridad de los conductores y una estructura de remuneraciones que entregue mayor estabilidad sin significar una pérdida de ingresos para los trabajadores.