Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la campaña de vacunación contra la influenza de 2024, periodo que se desarrolló durante la gestión de la entonces ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la exsubsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli.
De acuerdo con el informe, 762.326 dosis de vacunas adquiridas a Sinovac y Sanofi Pasteur vencieron sin haber sido distribuidas a los centros asistenciales, situación que provocó un perjuicio fiscal estimado en $3.640.544.800.
Ante la falta de antecedentes que acreditaran gestiones oportunas para evitar la pérdida de estas dosis, la Contraloría determinó formular un reparo por el monto total, con el objetivo de establecer las eventuales responsabilidades patrimoniales correspondientes.
El organismo de control también detectó serias deficiencias en los sistemas de seguimiento y registro del Ministerio de Salud. En particular, no existiría información sobre el destino de 2.906.653 vacunas, las que no aparecen registradas como administradas ni como vencidas en el Sistema de Control de Inventario (SCI).
Uno de los hallazgos que generó mayor preocupación corresponde a 208 registros de vacunación asociados a personas que ya habían fallecido, con diferencias de hasta 61 años entre la fecha de defunción y la supuesta administración de la dosis. En 58 de estos casos, además, las fechas coincidieron exactamente con las consignadas en los certificados de defunción.
A esto se sumaron inconsistencias entre el stock físico de vacunas y los registros digitales del Registro Nacional de Inmunizaciones (RNI). La auditoría también identificó dosis que figuraban como aplicadas pese a encontrarse fuera de su período de vigencia.
El informe evidenció además un importante contraste entre la pérdida de cientos de miles de dosis y los niveles efectivos de cobertura alcanzados durante la campaña.
La meta oficial establecía alcanzar un 85% de vacunación entre los grupos de riesgo, pero la cobertura llegó solo al 66% entre las personas de 60 años y más, al 72% en mujeres embarazadas y al 64% en la denominada “estrategia capullo”. Asimismo, regiones como Arica y Parinacota, Coquimbo y Magallanes no alcanzaron el objetivo sanitario establecido.
Tras detectar estas situaciones, Contraloría instruyó a la Subsecretaría de Salud Pública implementar de manera inmediata la interoperabilidad de sus plataformas informáticas, además de conciliar los stocks existentes y regularizar los registros que presentan inconsistencias.