Diputados de izquierda recurren a Contraloría por adhesión de Chile al “Escudo de las Américas” y cuestionan que no pasara por el Congreso.
El denominado “Escudo de las Américas” llegó a la Contraloría General de la República, luego de que los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Daniela Serrano (PC), Jaime Bassa (FA) e Irací Hassler (PC) presentaran un requerimiento para revisar la legalidad de la incorporación de Chile a la iniciativa.
Los parlamentarios sostienen que el Gobierno presentó la iniciativa como un marco de coordinación voluntaria para combatir el crimen organizado transnacional, pero aseguran que la declaración conjunta contempla materias relacionadas con soberanía, minerales críticos, inteligencia y seguridad regional. En su interpretación, estos compromisos podrían corresponder a materias que requieren participación del Congreso.
La controversia se centra además en la diferencia entre la comunicación realizada por Cancillería y el documento difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El 22 de septiembre, Chile informó su incorporación a un mecanismo de cooperación contra el crimen organizado, mientras que la declaración internacional establece tres pilares: coordinación económica, seguridad y coordinación multilateral.
Dentro de los compromisos mencionados en la declaración aparecen la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos, el intercambio de inteligencia y mecanismos de cooperación en materia de seguridad. El documento fue suscrito por 15 países, entre ellos Chile, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay.
Diputados hablan de un “tratado internacional encubierto”
Los parlamentarios recurrieron a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para fundamentar su presentación. Su argumento es que, más allá del nombre utilizado para el instrumento, debe analizarse la naturaleza de los compromisos asumidos por los Estados.
El diputado Luis Cuello afirmó que “el Escudo de las Américas es un tratado internacional encubierto”, planteamiento que forma parte de los argumentos entregados por los requirentes ante Contraloría.
Por su parte, Juan Santana cuestionó los alcances de la adhesión y sostuvo que el acuerdo tendría implicancias que van más allá de la cooperación policial contra el crimen organizado, mientras que los demás parlamentarios también han planteado reparos respecto de materias económicas y de seguridad.
Cuestionamientos por “soberanía hemisférica”
Otro de los puntos incluidos en el requerimiento es el concepto de “soberanía hemisférica”, utilizado en el nombre de la declaración conjunta.
Los diputados sostienen que dicha expresión debe analizarse a la luz del artículo 5 de la Constitución chilena, que establece que la soberanía reside esencialmente en la Nación. Por ello, solicitan que Contraloría requiera a Cancillería el texto original de la declaración, además de sus firmas y documentos asociados.
Minerales críticos y seguridad
En materia económica, los requirentes ponen especial atención en las disposiciones relacionadas con las cadenas de suministro de minerales críticos, señalando que estas podrían involucrar materias reguladas por la legislación chilena, particularmente en relación con recursos como el litio. La declaración, efectivamente, contempla la intención de salvaguardar estas cadenas mediante fuentes diversificadas y confiables.
En seguridad, otro de los elementos cuestionados es la referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y a una eventual solicitud ante la OEA para estudiar mecanismos de acción colectiva frente a organizaciones consideradas narcoterroristas.
Los parlamentarios interpretan que estas disposiciones podrían tener implicancias respecto del ingreso u operación de fuerzas extranjeras en territorio nacional, aunque dicha interpretación es parte del cuestionamiento planteado por los requirentes y deberá ser analizada por las instituciones competentes.
¿Qué solicitan a Contraloría?
Los diputados pidieron que el organismo liderado por Dorothy Pérez requiera a Cancillería todos los documentos, anexos, protocolos y memorándums relacionados con el “Escudo de las Américas”, además de los actos administrativos derivados de la incorporación de Chile.
Finalmente, buscan que la Contraloría se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento utilizado para incorporar a Chile y sobre las disposiciones contenidas en los instrumentos asociados a la iniciativa. Por ahora, el requerimiento se encuentra en etapa de revisión por parte del organismo contralor.