La Corte Suprema confirmó las condenas contra un falso abogado y un contador que intentaron concretar un millonario fraude en perjuicio de la Corporación Educación Domingo Parra de Concepción, mediante la falsificación de documentos y la simulación de una representación legal que había sido previamente revocada por el sostenedor de la entidad.
Según explicó el abogado de la corporación, Remberto Valdés, Rodrigo Amílcar se presentó como abogado al momento de ser contratado, pese a no contar con el título profesional, situación que fue descubierta posteriormente por su cliente.
Tras quedar al descubierto el engaño y ser desvinculado, el falso profesional se habría coludido con el contador Moisés Fernández para intentar apropiarse fraudulentamente de millonarias subvenciones educacionales, afectando directamente a la institución.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el juicio, los acusados falsificaron actas de la dirección de la corporación con el objetivo de realizar gestiones ante bancos, seremías y la Superintendencia de Educación, buscando acceder a recursos estatales y evitar el cumplimiento de compromisos financieros con trabajadores del sector educativo.
“El modus operandi de los dos encausados fue falsificar actas de la dirección de la corporación educacional con la finalidad de recurrir a los sectores bancarios y también a las Seremías y la Superintendencia de Educación para hacerse con las subvenciones escolares y dejar de pagar los compromisos que tenían para con los educadores de las corporaciones educacionales”, sostuvo Valdés.
Como resultado de la investigación, ambos imputados fueron acusados y llevados a juicio oral, donde se acreditó el ejercicio ilegal de la profesión de abogado y el uso malicioso de instrumento privado.
El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dictó penas que fluctúan entre 21 y 540 días de cárcel, resoluciones que posteriormente fueron ratificadas por el máximo tribunal del país.
Respecto del fallo, el abogado querellante destacó que las decisiones judiciales fueron adoptadas de manera unánime tanto por el Tribunal Oral de Concepción como por la Corte Suprema, estableciendo la responsabilidad de ambos condenados en los delitos cometidos contra la corporación educacional.
“El resultado fue extraordinariamente contundente. Fallos unánimes tanto del Tribunal Oral de Concepción como de la Corte Suprema, en orden a señalar que ambos encausados fueron coautores de ilícitos en contra de una corporación educacional”, afirmó Valdés.
Las maniobras fraudulentas buscaban congelar subvenciones estatales por más de $320 millones. La situación afectó temporalmente el pago de remuneraciones de cerca de 280 trabajadores de la educación, generando un impacto directo en el funcionamiento de la entidad y en quienes dependen de esos recursos.